Más allá de la memoria

NUESTRA EXTRAÑA NORMALIDAD.

Pronto, muy pronto, Alicia comienza a sorprenderse por la cantidad de cosas extraordinarias que le estaban sucediendo. Tantas que Lewis Carroll logró convencerla de que “poco o nada era en realidad imposible” y de que era, francamente, “una sosada y una estupidez que la vida discurriese normalmente, como si nada”. Sin embargo, y al contrario que en Alicia en el País de las Maravillas, a la sociedad española le costó bastante tiempo discernir todo lo extraordinario que acaecía en su seno con cierta cotidianidad, nuestra extraña normalidad. Nadie parecía advertir lo raro que era que las cruces de los caídos presidieran las plazas principales de todas las localidades del país, o que más de 2.500 fosas, desparramadas por todo el territorio, albergaran los restos de 60.000 o más víctimas del bando rebelde y la dictadura franquista. Finalmente a nadie parecía espantar que presidiendo ese cuadro se alzara un monumento como el Valle de los Caídos en Cuelgamuros, eterno panteón de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.

Nuestra extraña normalidad irrumpió en la esfera pública con el cambio de milenio, casi podríamos decir que despertó con la exhumación de Los 13 de Priaranza del Bierzo. Así, como le dijo Belia González a Emilio Silva, un 21 de octubre de 2000 comenzaba a despertar la memoria “tantos años dormida en el corazón de tan pocos”. Con esa exhumación se abría una grieta por la que los medios de comunicación empezaron a dar espacio y protagonismo a los deudos de las víctimas del franquismo, también a los exiliados y a sus hijos. La democracia española fue tomando conciencia del terrible desequilibrio, o socavón, existente en políticas de memoria. También fue aprendiendo que la ausencia de política de memoria no implicaba la ausencia de una memoria oficial latente. Mientras la democracia no desplegara su acción, el recuerdo de la dictadura, con sus mezquindades y miserias, se perpetuaba o reproducía deformado.

Esa realidad, y el cambio de color en el gobierno, facilitaron la aprobación el 26 de diciembre de 2007 de la Ley 52/2007, la conocida como Ley de Memoria Histórica de José Luis Rodríguez Zapatero. Los avances producidos gracias a la Ley fueron tan notables como algunas de sus carencias sin embargo, sin ánimo de exhaustividad, podríamos decir que su aprobación dividió en dos al movimiento memorialista. Por un lado estaban los sectores maximalistas decididos a derogar la Ley de Amnistía de 1977, a declarar nulos los juicios franquistas, a encargar al Estado la exhumación de las fosas y a denunciar las líneas de continuidad entre la dictadura franquista y el llamado Régimen del 78. Por otro lado estarían los sectores reformistas que, sin soslayar la persistencia de la dictadura en nuestra democracia, hacían de la Transición a la Democracia y de la realidad democrática la razón de ser de las políticas públicas de Memoria. No obstante, la nueva Ley de Memoria Democrática nacía decidida a corregir carencias y deficiencias de la Ley 52/2007 y, además, en su gestación hubo un nuevo consenso que acercó posturas en diferentes sentidos –incluido el frente nacionalista–.

Finalmente, no hace apenas ni tres meses, el 21 de octubre de 2022, entra en vigor la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Una ley que ya en su preámbulo deja bien claro que “sin perjuicio de la voluntad de reconciliación y de construcción de una sociedad democrática avanzada que presidió” la Transición y la Ley de Amnistía y a la luz del desarrollo del “Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la práctica de los organismos de derechos humanos […] se ha de garantizar el derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas de graves violaciones de los derechos humanos o del derecho internacional humanitario, así como las oportunas formas de reconocimiento y reparación”. Esa interpretación, que supedita la Ley de Amnistía de 1977 a los Tratados de Derechos Humanos Internacionales suscritos por el Estado español, facilita que no sea incompatible la persecución de delitos de lesa humanidad con nuestro ordenamiento jurídico. Esa línea interpretativa quiebra la ya larga inacción de la justicia en España. Acaba con nuestra extraña normalidad. 

Sin embargo, en el ámbito de la política y en la sociedad todavía nos encontramos con sectores que siguen en ese “Mundo de Locos”, en ese “País de las Maravillas” en el que uno no puede sentirse ofendido por tener a un familiar en una cuneta, por no tener donde ofrecerle unas lacónicas palabras o unas sencillas flores. Que entiendan lo extraño de su “normalidad” es tarea y misión de todos. Ojalá esta obra sirva para ello.